Sesión externa organizada por DAR
Antecedentes:A nivel de mundial se están promoviendo políticas agresivas de inversión en infraestructura (hidroelectricidad, carreteras, etc.) y en el sector extractivo (minería e hidrocarburos), bajo un contexto de crisis económica. Ello ha decantado en que los Estados de Latinamérica y el Caribe, en el afán de ello, se flexibilicen estándares sociales y ambientales; debilitamiento de la evaluación de impacto ambiental (EIA), la potestad de sanción de organismos de fiscalización ambiental, la titulación de indígena, el cumplimiento de la consulta previa, entre otras. Por ejemplo, en Perú, a través de la Ley N° 30230 llamada “paquetazo ambiental”, en México a través de su reforma energética, en Ecuador y Colombia a través de sus procesos de
fast track de aprobación ambiental o en Brasil en el nuevo Código de Minerazao. Estos cambios también se han iniciado en países de Centroamérica y el Caribe.
Asimismo, estos cambios se han generado sin los adecuados canales de transparencia, acceso a la información y participación de la población, sociedad civil y pueblos indígenas. Esta toma de decisiones gubernamentales ha exacerbado los conflictos sociales y ha ocasionado que muchos de los proyectos de inversión hayan generado graves daños ambientales y vulneraciones a los derechos humanos, especialmente aquellos que protegen sus territorios como los pueblos indígenas y comunidades rurales, reconocidos como defensores ambientales, que asumen una lucha diaria por los derechos en sus territorios
[1]. Asimismo, estas amenazas pueden ser mayores para las mujeres, pues los riesgos y beneficios derivados de actividades de extractivas o de infraestructura son muchas veces medidos sin tomar en cuenta los impactos diferenciados entre hombres y mujeres, muchas veces desconocido e ignorado por los gobiernos y el sector privado.
Por otro lado, existen herramientas que representan ciertos avances en transparencia que son importantes de promover y articular a las personas defensoras de derechos para fortalecer las capacidades técnicas y discursivas, algunas de ellas es la EITI, la iniciativa OGP o la reciente aprobación del Acuerdo de Escazú, de carácter vinculante y que generará obligaciones específicas en cuanto a defensores y defensoras indígenas.
El Acuerdo de Escazú es de especial relevancia, pues los países tienen un periodo para firmar o ratificar este tratado ambiental, y para que luego lo puedan implementar efectivamente y realizar acciones de protección a los defensores ambientales. Muchos países vienen haciendo esfuerzos para promover la justicia ambiental en los distintos poderes del Estado, en especial a través de los operadores de justicia y la elaboración de instrumentos para la protección de los defensores de derechos humanos
Por lo expuesto, desde la
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA),
Coalición Regional por la Transparencia y la Participación y
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), vemos necesario aclarar algunos panoramas respecto al enfoque intercultural y al enfoque de género en el marco de los derechos humanos y las empresas, en tanto que las actividades extractivas se realizan sobre todo en zonas rurales, territorios de pueblos indígenas.
Objetivo general:Recoger las experiencias a nivel regional para el manejo de los enfoques intercultural y de género relativos a la protección de las personas defensoras de derechos humanos, con énfasis en defensores ambientales, indígenas y comunitarios.
Taller dirigido a: personas defensoras de derechos humanos, Estado, empresas, sociedad civil, organizaciones de base.
Objetivos específicos:Dar a conocer iniciativas de parte de las entidades públicas a nivel nacional y regional como el Acuerdo de Escazú que representan oportunidades para la protección efectiva de los defensores y defensoras indígenas
Generar un espacio público y debate para defensores/as indígenas y comunitarios, puedan visibilizar sus luchas e iniciativas frente a la problemática del acceso a la reparación.
Propuesta de agenda:09:00-09:05 h. Presentación general del panelFrancisco Rivasplata
09:05-09:30 h. Presentación de iniciativas- Iniciativa Regional: Acuerdo de Escazú
- CEPALIniciativas Estatales: Protocolo para la protección de personas defensoras de derechos humanos
- Iniciativas desde pueblos indígenas: Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas
09:30-10:00 h. Casos de Defensores:10:00-10:15 h Preguntas del público
[1] Según Front Line Defenders, a diciembre 2018, más de 170 defensores de los derechos humanos y ambientales y de la tierra fueron asesinados en América Latina y el Caribe, lo que representa el 67% de los defensores asesinados a nivel mundial, lo cual indica que sigue siendo la región más mortal para los defensores del medio ambiente y de la tierra.
