Organizado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Descripción general:
La contratación pública (o gubernamental) se refiere a las compras por parte de los gobiernos y las empresas estatales de los bienes, servicios y obras que necesita para llevar a cabo sus funciones, considerando todo el ciclo de vida de los mismos. La contratación pública es un componente importante de la economía global y regional, que abarca del 7 al 32% del PIB en las economías más grandes de América Latina. Junto con sus objetivos principales de lograr eficiencia, transparencia e integridad, la contratación pública se ha convertido en una herramienta estratégica para lograr objetivos de política pública clave, como promover la inclusión de las PYMEs, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Este enfoque multi-criterio, en el que se consideran otras dimensiones para obtener un mayor valor por dinero, se está convirtiendo en una práctica común a nivel mundial y está siendo promovido regionalmente por la Red Interamericana de Compras Públicas.
Cada vez es más evidente que empresas involucradas en la producción de bienes y servicios que forman parte de las cadenas de valor de la contratación pública , tienen impactos negativos importantes en los derechos humanos, la salud y la seguridad de trabajadores, el medio ambiente y la ética. Estos impactos a su vez pueden representar riesgos (de integridad, operacionales, reputacionales, legales) significativos para el cumplimiento de los diferentes objetivos de la contratación pública.
Con este nuevo escenario, la agenda de conducta empresarial responsable y de respeto por los derechos humanos se constituye en una palanca para contribuir con un mayor valor por el dinero en la contratación pública. Por un lado, la incorporación de criterios de conductas responsables y DDHH en los sistemas de contratación pública permite la identificación y el abordaje de los riesgos emergentes a lo largo de las cadenas de valor, contribuyendo a prácticas de contratación pública más eficientes. De igual forma, al gestionar estos riesgos emergentes de manera proactiva, los beneficios sociales y económicos son obvios, ya que se evitan y mitigan los daños potenciales y reales para los trabajadores, las comunidades, los consumidores y el medio ambiente, vinculados a los productos y servicios contratados por el estado. Adicionalmente, se contribuye con la competitividad del sector privado, al reducir su propia exposición a los riesgos emergentes propios y de su cadena de suministro. Esta agenda ayudará a fortalecer la coherencia política entre la contratación pública y las obligaciones internacionales de derechos humanos de los Estados, así como los objetivos más amplios de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. Del mismo modo, los estados fortalecerán su liderazgo con el ejemplo, demostrando su compromiso y el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos como actor económico.
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores) dejan en claro que el deber de los estados de proteger los derechos humanos se extiende a sus actividades de compra. Además, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha establecido nuevos objetivos en la contratación pública, para impulsar la producción y el consumo sostenibles y el desarrollo de economías más inclusivas: el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12.7 llama a todos los países a "Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales". Paralelamente, importantes actores mundiales, incluidos el G7, la OCDE, la UE y la OIT, están promoviendo un enfoque renovado en "cadenas de valor mundiales responsables" como clave para un crecimiento sostenible e inclusivo, con un fuerte énfasis en la contribución del sector privado, a través de " conducta empresarial responsable "y la agenda de trabajo decente, para lograr este objetivo.
Esta sesión de consulta regional se centrará en cómo las leyes, políticas y otras prácticas de contratación pública en la región se han alineado con los Principios Rectores y los estándares internacionales de conductas responsables. Alentará la discusión sobre cómo la agenda de conducta empresarial responsable y de respeto por los derechos humanos puede ser una palanca para contribuir con un mayor valor por el dinero en la contratación pública. La conversación considerará los desafíos para lograr una integración efectiva de estos criterios en el sistema de contratación pública, así como las lecciones aprendidas hasta la fecha y las innovaciones emergentes. La reflexión clave para todos los participantes gira alrededor de las medidas concretas que deben tomar los gobiernos nacionales para garantizar que las leyes, políticas y prácticas de contratación pública promuevan el respeto corporativo de los derechos humanos.
Lecturas relevantes:
