AntecedentesEn la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) los países resaltaron la necesidad de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones. Agregaron que la minería ofrece la oportunidad de impulsar el desarrollo económico, reducir la pobreza y ayudar a los países a lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente cuando se gestiona de manera efectiva y adecuada. Reconocieron asimismo la importancia de los marcos jurídicos y reglamentarios, políticas y prácticas para asegurar que el sector minero genere beneficios económicos y sociales, e incluya salvaguardias efectivas que reduzcan los efectos sociales y ambientales adversos y conserven la biodiversidad y los ecosistemas, inclusive con posterioridad a las actividades mineras y exhortaron en ese contexto a los gobiernos y empresas a promover un aumento continuo de la rendición de cuentas y la transparencia.
De manera coincidente, en septiembre de 2015 los países adoptaron una nueva agenda universal que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, que juntos constituyen la hoja de ruta que los países han acordado para los próximos 15 años. La Agenda 2030 es un llamado a la acción para cambiar nuestro mundo sobre la base de una visión de futuro sumamente ambiciosa y transformativa. Aspira, entre otros, a un mundo sin pobreza, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y los recursos naturales.
En este escenario, esta sesión abordará cuánto ha avanzado la región en la promoción de proyectos mineros respetuosos con el ambiente y las comunidades y en la prevención y mitigación de los impactos de la minería.
El foco de la sesión estará puesto en la evaluación de impacto ambiental de las actividades extractivas en cuanto herramienta preventiva para cautelar el derecho a la vida, a la salud y a vivir en un medio ambiente sano.
La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de política pública cuyo objetivo es proveer de información y análisis para mejorar las decisiones que se deben adoptar en términos prospectivos, de modo de ayudar a anticipar los impactos futuros de las decisiones presentes y de esa manera mejorar las decisiones públicas y favorecer una adecuada rendición de cuentas.
Todos los países andinos cuentan con marcos legales para evaluar los efectos ambientales de determinados proyectos mineros, que incluyen instancias formales de información o participación pública, así como mecanismos para acceder a la justicia en caso de vulneración de derechos. No obstante, tradicionalmente la evaluación ambiental de proyectos mineros no ha contemplado explícitamente un enfoque de derechos humanos, lo que permitiría prestar atención especial a personas o grupos específicos (pueblos indígenas, mujeres, minorías nacionales, étnicas, lingüísticas, otras), garantizar consultas sustantivas a los grupos potencialmente afectados y mecanismos de reparación eficaces en caso de vulneración de derechos humanos (en línea con los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú).
La sesión paralela se plantea así como un espacio para compartir perspectivas, experiencias y lecciones aprendidas en torno a la incorporación del enfoque de derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental, con miras a proponer recomendaciones para fortalecer este instrumento preventivo a la luz de los recientes desarrollos internacionales y regionales y atendiendo a la creciente conflictividad socioambiental en la región, particularmente asociada a la actividad minera.
Objetivo- Discutir y analizar la incorporación del enfoque de derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental, con miras a proponer recomendaciones para fortalecer este instrumento preventivo a la luz de los recientes desarrollos internacionales y regionales y atendiendo a la creciente conflictividad socioambiental en la región, particularmente asociada a la actividad minera.
