4º Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos

Sesión organizada por el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH)

Breve descripción: 
Esta sesión plenaria brindará a los Estados la oportunidad de compartir información actualizada sobre los avances en la adopción e implementación de un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos, así como sobre las políticas públicas relacionadas con la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGPs) y el fomento de una conducta empresarial responsable (RBC). Otras partes interesadas compartirán su evaluación de los progresos realizados hasta la fecha y participarán en el diálogo abierto sobre las formas de avanzar.

Agenda
Introduccion por Dante Pesce, Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos 

Parte I - Perspectiva gubernamental (5 minutos por país)
Moderado por Flavio Fuertes, PNUD Argentina

Parte II - Perspectivas de las partes interesadas:

Parte III: Diálogo abierto - Planes de acción nacionales sobre las empresas y los derechos humanos - Impactos, lecciones aprendidas y caminos a seguir

Se realizarán las siguientes breves presentaciones sobre investigación, herramientas e iniciativas en el ámbito de las empresas y los derechos humanos:

• 12:35 - 12:45 - Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) -Victoria Marquez-Mees, Banco Interamericano de Desarrollo - BID, Directora del MICI
• 12:50 - 13:00 - Fundación ideas para la Paz - Nataly Sarmiento Eljadue, Directora de Empresas y Derechos Humanos
• 13:00 - 13:10 - Integrarse - Olga Sauma, Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), Directora Ejecutiva
• 13:10 - 13:20 - Iniciativa argentina del Foro Regional sobre Planes Nacionales de Acción y Políticas Públicas en Empresas y Derechos Humanos - Denisse Cufré, Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación (Argentina), Coordinadora de Políticas Públicas de Empresas y Derechos Humanos.
• 13:20 - 13:30 - Rama de America latina de la asociación de empresas y derechos humanos - Danielle Pamplona
• 13:35 - 13:45 - DAR - Francisco Rivasplata
• 13:45 - 13:55 - CONFIEP - 
• 13:55 - 14:05 - Pacto Global Chile
• 14:05 - 14:15 - Pacto Global Argentina

Sesión organizada por el Grupo de Trabajo sobre las Empresas y os Derechos Humanos y ACNUDH

Breve descripción
La diligencia debida en materia de derechos humanos es un modo de que las empresas gestionen en forma proactiva los riesgos reales y potenciales de los efectos adversos en los derechos humanos en los que se ven involucradas. Tal y como se establece en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores), se compone de cuatro componentes básicos:

1. Identificar y evaluar las efectos adversos reales o potenciales sobre los derechos humanos que la empresa haya causado o contribuido a causar a través de sus actividades, o que guarden relación directa con las operaciones, los productos o los servicios prestados por sus relaciones comerciales;
2. Integrar los resultados de las evaluaciones de impacto en las funciones y los procesos pertinentes de la empresa, y adoptar las medidas adecuadas conforme a su participación en el impacto;
3. Hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas y los procesos adoptados para contrarrestar estos efectos adversos sobre los derechos humanos a fin de saber si están dando resultado; 
4. Comunicar de qué manera se encaran los efectos adversos y demostrar a las partes interesadas —en particular a las afectadas— que se han dispuesto políticas y procesos adecuados para la aplicación del respeto de los derechos humanos en la práctica.

Esta sesión se centrará en el concepto de la debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos de los Principios Rectores, integrado en las Directrices de la OCDE y la Declaración tripartita de la OIT sobre las empresas multinacionales. Se destacará la alineación entre los Principios Rectores y la Guía de la OCDE sobre diligencia debida para una conducta empresarial responsable, que aborda las características fundamentales de la diligencia debida en materia de derechos humanos. Asimismo se debatirá la importancia de realizar esos procesos de debida diligencia, las lagunas y los desafíos en las prácticas empresariales y gubernamentales actuales en la región y las nuevas buenas prácticas, y la forma en que las principales partes interesadas -incluidos los Estados, los inversores y la sociedad civil- pueden contribuir a la ampliación de la diligencia debida efectiva en materia de derechos humanos.

La discusión incluirá temas específicos tales como:

1. Diligencia debida en materia de derechos humanos y derechos laborales, y el papel central de la libertad de asociación y de negociación colectiva en este proceso
2. Consultas significativas con los grupos potencialmente afectados, por qué es crítico y qué implica una buena práctica desde la perspectiva de los pueblos indígenas afectados por las actividades empresariales, las lecciones aprendidas, las brechas y el desafío de fortalecer el CLPI.

 
Documentos clave

• Informe del grupo de Trabajo sobre debida diligencia en materia de derechos humanos, presentando a la Asamblea General en 2018
• Resume del Informe del Grupo de Trabajo sobre debida diligencia en materia de Derechos humanos  
• Documento complementario I al informe del Grupo de trabajo a la Asamblea General  – Debida diligencia en materia de derechos humanos: Nota de contexto y aspectos claves (únicamente en inglés)
• Documento complementario II al informe del Grupo de trabajo a la Asamblea General – Debida diligencia en materia de derechos humanos: practicas emergentes, herramientas y recursos (únicamente en inglés)

• Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable
• Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración sobre las empresas multinacionales)
• Improving accountability and access to remedy for victims of business-related human rights abuse: The relevance of human rights due diligence to determinations of corporate liability (únicamente en inglés)

Sesión organizada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH)

Descripción
El derecho a una reparación efectiva es un precepto fundamental del sistema internacional de derechos humanos, y la necesidad de que las personas afectadas por violaciones de los derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial tengan acceso a una reparación efectiva también se reconoce en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores). Sin embargo, una amplia investigación ha demostrado que en los casos en que las empresas están implicadas en abusos de derechos humanos, las personas perjudicadas a menudo tienen dificultades para acceder a la reparación.

El Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que los objetivos de mejorar la rendición de cuentas y el acceso a mecanismos de reparación en caso de violaciones de los derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial a menudo se logran mejor si se ofrece a las personas y comunidades afectadas una serie de opciones para obtener reparación. Estas opciones podrían incluir mecanismos judiciales o extrajudiciales o, en algunos casos, una combinación de ambos. Como reconocen los Principios Rectores, si bien los mecanismos judiciales eficaces son fundamentales para garantizar el acceso a la reparación, Los mecanismos administrativos y legislativos, al igual que otros mecanismos extrajudiciales, desempeñan un papel esencial para complementar y completar los mecanismos judiciales. De hecho, los mecanismos estatales (tanto judiciales como extrajudiciales) constituyen el principal medio a través del cual las personas y las comunidades afectadas pueden buscar reparación.

En 2014, el ACNUDH puso en marcha el Proyecto sobre Rendición de Cuentas y Reparación con miras a contribuir a un sistema nacional de reparaciones más justo y eficaz en los casos de implicación de empresas en graves violaciones de los derechos humanos. El objetivo general de este proyecto ha sido identificar las medidas prácticas que se pueden tomar para mejorar la rendición de cuentas de las empresas y el acceso a reparación para las personas afectadas por los abusos de los derechos humanos relacionados con las actividades empresariales. Las dos primeras fases del Proyecto se centraron en aumentar la eficacia de los mecanismos judiciales y extrajudiciales estatales, respectivamente, y dieron lugar a informes en los que se recomendaban medidas que los Estados podían utilizar con miras a mejorar progresiva y sistemáticamente la aplicación del tercer pilar de los Principios Rectores. Ambos informes fueron solicitados y acogidos favorablemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A la luz de los dos primeros informes, así como del informe de la Asamblea General de 2017 del Grupo de Trabajo que esboza un enfoque de "todos los caminos hacia la reparación" a fin de lograr reparaciónes efectivas, esta sesión pretende:

• explorar en qué medida los mecanismos estatales están cumpliendo su función de proporcionar reparaciones a los casos de empresas y derechos humanos en América Latina, y
• debatir la forma en que los Estados y otras partes interesadas pertinentes pueden ayudar a mejorar la eficacia de los mecanismos estatales en la práctica, en particular mediante el fortalecimiento de los vínculos entre los mecanismos judiciales y extrajudiciales.

Preguntas clave para la discusión:

• ¿Qué teorías legales de responsabilidad corporativa son potencialmente relevantes en casos de abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial?

• ¿Qué características clave de los sistemas jurídicos nacionales permiten la rendición de cuentas? ¿Por qué no están estas características  siempre  presentes?
• ¿Qué desafios particulares se plantean en los casos transfronterizos (es decir, los casos en que  pruebas, testigos y  partes en la controversia se encuentran en más de un Estado)? ¿Qué medidas jurídicas y prácticas pueden adoptarse para superar estos desafíos?
• ¿Cómo llega un caso a la atención de un investigador o fiscal? ¿A qué desafíos particulares (por ejemplo, legales, prácticos, políticos) se enfrentan los fiscales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en relación con los casos  de empresas y derechos humanos? ¿Qué mejoras aumentarían la capacidad de los fiscales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley para llevar a buen término este tipo de casos?
• ¿Qué medidas podrían adoptarse para aumentar el nivel de sensibilización del poder judicial sobre las cuestiones relativas a las empresas y los derechos humanos y sobre las normas e iniciativas internacionales pertinentes?
• ¿Qué pueden hacer los Estados para mejorar la coherencia de las políticas públicas en relación con los diferentes tipos de mecanismos de reclamación a fin de garantizar que las personas y comunidades afectadas dispongan de vías realistas e identificables para obtener una reparación efectiva?
• ¿Cuáles son los desafíos particulares a los que se enfrentan las personas en riesgo de vulnerabilidad o marginación? ¿Cómo se pueden hacer más accesibles los mecanismos de búsqueda y obtención de reparación para ellos?
• ¿Qué es una "reparación efectiva" en los casos de empresas y derechos humanos? ¿Proporcionan los mecanismos judiciales reparaciones "efectivas" en la práctica? ¿Cómo podrían las vías de reparación extrajudiciales mejorar las perspectivas de que se ofrezca una reparación efectiva? 
• ¿Existen casos en los que sólo bastarán las sanciones penales? En caso afirmativo, ¿cómo podrían los mecanismos extrajudiciales desempeñar un papel de apoyo?

Material de lectura Base:

• Portal del Proyecto de Rendición de Cuentas y Recursos del ACNUDH
• Materiales ARP I:  Informe final (incluidas las orientaciones), Notas explicativas, Ejemplos ilustrativos
• Materiales ARP II: Informe final (incluidas las orientaciones), Notas explicativas del informe final
• Informe de la Asamblea General del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas en el que se esboza un enfoque de"todos los caminos para remediar" a fin de lograr remedios efectivos: A/72/162 (2017)
• Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las mejores prácticas y cómo mejorar la eficacia de la cooperación transfronteriza entre los Estados con respecto a la aplicación de la ley en la cuestión de las empresas y los derechos humanos: A/HRC/35/33 (2017

Organizada por OECD

Objetivo
Esta sesión explora las políticas de las empresas y las herramientas que se refieren tanto a los asuntos climáticos como a los impactos de los derechos humanos, los riesgos asociados y también las contribuciones positivas. Los panelistas discutirán el papel de las empresas en el impulso de medidas prácticas para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y hacer frente a las obligaciones con respecto a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores).

Antecedentes
Derechos humanos y cambio climático: la intersección
El cambio climático es la amenaza más grave que enfrenta la humanidad. Los organismos internacionales de derechos humanos han reconocido durante mucho tiempo que el cambio climático representa una "amenaza inmediata y de gran alcance para las personas y las comunidades de todo el mundo ". Todos los seres humanos dependen del derecho fundamental a un ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Este derecho es esencial para el pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento. El cambio climático en particular tiene grandes implicaciones con respecto a varios de estos "derechos ambientales".
Bajo el denominado “Acuerdo de París”, los Gobiernos se comprometieron a limitar el aumento de la temperatura promedio global a muy por debajo de 2oC por encima de los niveles preindustriales y realizar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 oC por encima de los niveles preindustriales.
En el corazón del Acuerdo de París se encuentran las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) o los compromisos de los gobiernos nacionales sobre la reducción de emisiones y los esfuerzos de adaptación climática. Las NDC capturan los esfuerzos planificados de cada país en materia de cambio climático y determinarán colectivamente si se cumplirán los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París. En este sentido, el Acuerdo de París reconoce la importante función que desempeñan los actores no estatales, incluido el sector privado, en el aumento de los esfuerzos y el logro de los objetivos del Acuerdo de París -con la sociedad civil, los consumidores e inversionistas que buscan cada vez más a las empresas exigiéndoles más sobre la acción climática-.
Siendo las empresas responsables de la mayoría de las emisiones globales, el sector privado tiene la responsabilidad principal de tomar medidas para limitar y abordar tales impactos; incluidos los impactos comerciales sobre el clima, así como los impactos del clima sobre las operaciones comerciales y las cadenas de suministro mundiales.

Conducta empresarial responsable: vinculando de los derechos humanos y el impacto del cambio climático
El Acuerdo de París es el primer acuerdo internacional sobre el cambio climático y hace referencia expresa a los derechos humanos. Específicamente, el preámbulo incluye un reconocimiento "de que el cambio climático es una preocupación común de la humanidad, las Partes deben, al tomar medidas para abordar el cambio climático, respetar, promover y considerar sus respectivas obligaciones en materia de derechos humanos..." Sin embargo, el "libro de reglas" que ha sido desarrollado para guiar la implementación práctica del Acuerdo de París no lleva a cabo esta referencia.
En general, a nivel internacional, sigue habiendo una orientación limitada sobre cómo los derechos humanos pueden considerarse sistemáticamente en el diseño e implementación de la acción climática, y viceversa. Sin embargo, con respecto al papel de las empresas, las Líneas Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales (las Directrices) constituyen un marco de apoyo en este sentido.
Las Directrices son el instrumento más completo respaldado por los gobiernos sobre conducta empresarial responsable (CER) y representan el consenso internacional sobre la responsabilidad de las empresas con respecto a los impactos sobre las personas y el planeta. Según las Directrices, se espera que las empresas identifiquen y aborden los impactos adversos que causan, contribuyen a causar o están directamente relacionadas. Esto incluye, entre otros, los derechos humanos y el cambio climático.
Para ayudar a las empresas a implementar las recomendaciones de las Directrices, se ha desarrollado una gama de herramientas prácticas, en estrecha cooperación con las empresas y otras partes interesadas. La Guía de la OCDE de Debida Diligencia para la conducta empresarial responsable explica cómo llevar a cabo la diligencia debida en todos los sectores de la industria, que cubren una amplia gama de riesgos, incluidos los relacionados con el clima y los derechos humanos. Además, la OCDE ha desarrollado Guías sectoriales específicas para ayudar a las empresas a identificar riesgos climáticos en sus ámbitos específicos (además de los derechos humanos y otros riesgos), por ejemplo, en los sectores textil y de calzado, agricultura y el sector financiero.

Estructura

•  La sesión se divide en dos partes -presentaciones de panelistas y preguntas/respuestas a la audiencia-.
• Se desaconsejan las presentaciones en power point.
• En la primera parte de la sesión (50-60 minutos) , cada participante responderá a preguntas individuales, en función de la experiencia y los conocimientos respectivos.
• En la segunda parte de la sesión, el moderador abrirá el panel a preguntas de la audiencia, facilitando preguntas y respuestas (15-25 min).

Sesión externa organizada por DAR

Antecedentes:
A nivel de mundial se están promoviendo políticas agresivas de inversión en infraestructura (hidroelectricidad, carreteras, etc.) y en el sector extractivo (minería e hidrocarburos), bajo un contexto de crisis económica. Ello ha decantado en que los Estados de Latinamérica y el Caribe, en el afán de ello, se flexibilicen estándares sociales y ambientales; debilitamiento de la evaluación de impacto ambiental (EIA), la potestad de sanción de organismos de fiscalización ambiental, la titulación de indígena, el cumplimiento de la consulta previa, entre otras. Por ejemplo, en Perú, a través de la Ley N° 30230 llamada “paquetazo ambiental”, en México a través de su reforma energética, en Ecuador y Colombia a través de sus procesos de fast track de aprobación ambiental o en Brasil en el nuevo Código de Minerazao. Estos cambios también se han iniciado en países de Centroamérica y el Caribe.

Asimismo, estos cambios se han generado sin los adecuados canales de transparencia, acceso a la información y participación de la población, sociedad civil y pueblos indígenas. Esta toma de decisiones gubernamentales ha exacerbado los conflictos sociales y ha ocasionado que muchos de los proyectos de inversión hayan generado graves daños ambientales y vulneraciones a los derechos humanos, especialmente aquellos que protegen sus territorios como los pueblos indígenas y comunidades rurales, reconocidos como defensores ambientales, que asumen una lucha diaria por los derechos en sus territorios[1]. Asimismo, estas amenazas pueden ser mayores para las mujeres, pues los riesgos y beneficios derivados de actividades de extractivas o de infraestructura son muchas veces medidos sin tomar en cuenta los impactos diferenciados entre hombres y mujeres, muchas veces desconocido e ignorado por los gobiernos y el sector privado.
Por otro lado, existen herramientas que representan ciertos avances en transparencia que son importantes de promover y articular a las personas defensoras de derechos para fortalecer las capacidades técnicas y discursivas, algunas de ellas es la EITI, la iniciativa OGP o la reciente aprobación del Acuerdo de Escazú, de carácter vinculante y que generará obligaciones específicas en cuanto a defensores y defensoras indígenas.

El Acuerdo de Escazú es de especial relevancia, pues los países tienen un periodo para firmar o ratificar este tratado ambiental, y para que luego lo puedan implementar efectivamente y realizar acciones de protección a los defensores ambientales. Muchos países vienen haciendo esfuerzos para promover la justicia ambiental en los distintos poderes del Estado, en especial a través de los operadores de justicia y la elaboración de instrumentos para la protección de los defensores de derechos humanos

Por lo expuesto, desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Coalición Regional por la Transparencia y la Participación y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), vemos necesario aclarar algunos panoramas respecto al enfoque intercultural y al enfoque de género en el marco de los derechos humanos y las empresas, en tanto que las actividades extractivas se realizan sobre todo en zonas rurales, territorios de pueblos indígenas.


Objetivo general:
Recoger las experiencias a nivel regional para el manejo de los enfoques intercultural y de género relativos a la protección de las personas defensoras de derechos humanos, con énfasis en defensores ambientales, indígenas y comunitarios.
Taller dirigido a: personas defensoras de derechos humanos, Estado, empresas, sociedad civil, organizaciones de base.


Objetivos específicos:
Dar a conocer iniciativas de parte de las entidades públicas a nivel nacional y regional como el Acuerdo de Escazú que representan oportunidades para la protección efectiva de los defensores y defensoras indígenas
Generar un espacio público y debate para defensores/as indígenas y comunitarios, puedan visibilizar sus luchas e iniciativas frente a la problemática del acceso a la reparación. 

Propuesta de agenda:
09:00-09:05 h. Presentación general del panelFrancisco Rivasplata
09:05-09:30 h. Presentación de iniciativas

• Iniciativa Regional: Acuerdo de Escazú 
• CEPALIniciativas Estatales: Protocolo para la protección de personas defensoras de derechos humanos
• Iniciativas desde pueblos indígenas: Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas

09:30-10:00 h. Casos de Defensores:

• Chile
• Guatemala
• Perú

10:00-10:15 h Preguntas del público 

  [1] Según Front Line Defenders, a diciembre 2018, más de 170 defensores de los derechos humanos y ambientales y de la tierra fueron asesinados en América Latina y el Caribe, lo que representa el 67% de los defensores asesinados a nivel mundial, lo cual indica que sigue siendo la región más mortal para los defensores del medio ambiente y de la tierra.

Sesión externa organizada por Conectas dereitos humanos

Las normas que establecen obligaciones de derechos humanos relacionadas con las cadenas de suministro son cada vez más comunes. La Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido (2015) y la Ley de Esclavitud Moderna de Australia (2018) establecen que las empresas tienen la obligación de proporcionar información sobre las medidas adoptadas para prevenir las formas contemporáneas de esclavitud y otras violaciones de los derechos humanos en sus cadenas de suministro. La ley francesa sobre el deber de vigilancia (2017) va más allá al exigir a las empresas que presenten un plan que aborde los riesgos para los derechos humanos de sus operaciones, así como los de sus filiales, subcontratistas y proveedores. Estas leyes nacionales se suman a un conjunto de instrumentos (incluidas las leyes estatales, los principios del derecho indicativo, la regulación administrativa y los acuerdos con el sector privado) que utilizan la transparencia y la diligencia debida para fortalecer la responsabilidad de las empresas de abordar los derechos humanos en sus cadenas de suministro.
 
Si bien hay excepciones, estas normas y los debates al respecto se han centrado principalmente en el Norte Global. Esta sesión propone un cambio en este enfoque. Los países latinoamericanos integran cadenas de valor globales en múltiples posiciones y han desarrollado sus propios estándares y políticas públicas en la materia. En particular, Brasil ha desarrollado un sistema para combatir la esclavitud contemporánea basado en: (i) la “Lista Sucia,” un instrumento de transparencia que promueve la rendición de cuentas de las entidades infractoras por parte de diferentes actores; (ii) un sistema interinstitucional de monitoreo, inspección y rendición de cuentas, que ya ha llevado a los actores a juzgar en diferentes posiciones de la cadena de producción; (iii) el concepto de "trabajo análogo a la esclavitud", una definición robusta y comprensiva de las prácticas contemporáneas de esclavitud.
 
La elaboración de normas sobre la diligencia debida y la transparencia en la cadena de producción puede beneficiarse de la reflexión sobre estas experiencias. El debate buscará extraer lecciones de estas experiencias, que pueden beneficiar los esfuerzos regulatorios en Brasil para mejorar su sistema, en América Latina para desarrollar mecanismos similares, o incluso en otras regiones.
 
El establecimiento de obligaciones claras sobre la protección de los derechos humanos en la cadena de suministro podría tener efectos de gran alcance en todos estos lugares, elevando los niveles de protección y aportando claridad a todas las partes interesadas. Dado el importante papel que desempeñan los productos básicos en la región de América Latina, el seguimiento de los proveedores y de las condiciones de trabajo es especialmente difícil y requiere soluciones que aumenten la transparencia y la trazabilidad. La sesión propone discutir si la legislación sobre la cadena de suministro puede ser un medio eficaz para lograr estos fines, sacando lecciones de las leyes y políticas existentes, pero apuntalando todas las discusiones sobre las necesidades y desafíos específicos de América Latina.
 
Formato
La sesión será una mesa redonda con preguntas y respuestas en dos partes. En primer lugar, la mediación hará preguntas sobre las experiencias de los panelistas con las cadenas de suministro en América Latina. La mediación preguntará a los participantes sobre las lagunas y los desafíos, así como buenos ejemplos de protección efectiva de los derechos humanos en las cadenas de valor. Después de esta ronda, la mediación preguntará a los participantes acerca de sus puntos de vista sobre la regulación de la cadena de suministro, sacando lecciones de las leyes existentes sobre transparencia y diligencia debida. En segundo lugar, los oradores interactuarán con el público sobre otras cuestiones relacionadas con el tema.

Sesión organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Antecedentes
Los Puntos Nacionales de Contacto para la conducta empresarial responsable (PNC para la CER) son agencias establecidas por gobiernos que se adhieren a las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (las Directrices). Las Directrices son el instrumento más amplio internacionalmente reconocido para la CER. El mandato de los PNC en virtud de las Directrices es doble: promover las Directrices y la orientación relacionada con la debida diligencia; y manejar los casos (denominados "instancias específicas") como un mecanismo de reclamo no judicial. Hasta la fecha, 48 gobiernos tienen un PNC de los cuales 7 corresponden a países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.
Una característica importante de las Directrices y los PNC es que se alinean con otros instrumentos internacionales sobre CER, en particular con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores). El Capítulo de Derechos Humanos de las Directrices está alineado con las disposiciones sustantivas del segundo pilar de los Principios Rectores (en particular, el requisito de que las empresas ejerzan la debida diligencia con respecto a sus impactos en los derechos humanos), y los PNC califican como mecanismos no judiciales estatales bajo el tercer pilar de los Principios. Los PNC son, por lo tanto, mecanismos de promoción y reclamo no solo para las Directrices, sino también de facto para los Principios Rectores
Las Directrices brindan flexibilidad a los gobiernos sobre cómo estructurar sus PNC, siempre que estos cumplan con los criterios de visibilidad, accesibilidad, transparencia y responsabilidad. Esta es la razón por la cual algunos PNC están compuestos por funcionarios de uno o varios ministerios, otros PNC son 'multipartitos', ya que involucran a empresas, sindicatos y / o sociedad civil junto con funcionarios públicos, y otros están compuestos por expertos independientes. Existen mecanismos dentro de la red de PNC para garantizar la mejora continua de las estructuras de los PNC, como las actividades de aprendizaje entre pares y las revisiones por pares. El PNC de Chile completó una revisión por pares en 2018, y el PNC de Argentina se someterá a una revisión por pares en septiembre de 2019.
En su función de promoción, los PNC aseguran que las empresas conozcan y estén capacitadas sobre las Directrices y los Principios Rectores, y que las partes interesadas estén informadas sobre las Directrices y su relación con otros instrumentos, así como sobre el papel del PNC para asegurar su eficacia. Construyen relaciones de confianza con los interlocutores sociales para ayudar notablemente con la resolución de problemas futuros que surjan en relación con la implementación de las Directrices por parte de las empresas. La promoción por parte de los PNC toma varias formas: Los PNC mantienen sitios web informativos y organizan o participan regularmente en eventos, conferencias, seminarios, talleres o capacitaciones para reunirse, informarse y establecer contactos con empresas y partes interesadas.
En su función de manejo de casos, los PNC proporcionan una plataforma de mediación y conciliación para ayudar a resolver las instancias específicas relacionadas con el incumplimiento de las Directrices. La resolución de disputas a través de los PNC está destinada a ser consensuada y enfocada en identificar soluciones constructivas y acuerdos mutuos entre las partes . Cuando se manejan casos, se requiere que los PNC actúen de manera imparcial, predecible, equitativa y compatible con las Directrices. El manejo de casos por parte de los PNC se caracteriza por su flexibilidad. En particular, cualquier individuo u organización con un interés en el asunto puede presentar un caso a un PNC con respecto a una compañía que opera en o desde el país del mismo.

Casos de los PNC en ALC
Los PNC de la región de ALC han concluido hasta la fecha más de 20 casos relacionados con los derechos humanos, y varios casos adicionales están actualmente en curso. Por ejemplo, en 2016, el PNC brasileño ayudó a Kinross Brasil Mineração y a las comunidades cuyas viviendas habían sido dañadas como resultado del uso de explosivos por parte de la compañía, para llegar a un acuerdo sobre el financiamiento de la renovación de viviendas dañadas o el reasentamiento cuando fuera necesario. Más información en http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/br0020.htm

Estructura
Esta sesión reunirá en un panel a representantes de los PNC y usuarios del mecanismo para discutir las diversas formas en que los PNC pueden actuar como un mecanismo de promoción y reclamo bajo las Directrices y los Principios Rectores.

Sesión externa organizada por Integrarse, COHEP, ANDI y Plataforma internacional contra la impunidad

La situación de los Derechos Humanos en Centroamérica se ha vuelto crítica a pesar de no existir actualmente conflictos armados en la región. Las altas tasas de criminalidad y violencia, el crimen organizado, el aumento de la desigualdad, las migraciones y desplazamientos masivos, plantean un contexto local que requiere atención inmediata y decidida de todos los sectores.
De acuerdo con el “Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica, 2017-2018” se identifica en la región centroamericana tres fuentes principales generadoras de conflicto, a saber: 1) la crisis y erosión progresiva de la democracia; 2) la inseguridad ciudadana; y 3) la profundización de modelos económicos que inobservan la satisfacción de los derechos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Los Estados, lejos de administrar de forma óptima los conflictos, los catalizan y los profundizan. Las instituciones de los Estados cada vez más están perdiendo legitimidad a causa de la corrupción y la impunidad; prevalencia de cargos de los funcionarios públicos para favorecer los intereses de los partidos políticos, grupos empresariales o sectores afines, entre otros; la falta de independencia de los poderes del Estado; y debilidad de procedimientos que garanticen la imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas en los procesos de su quehacer institucional. Así también, la falta de voluntad política de los gobernantes de turno para dar respuesta a las demandas ciudadanas, registrándose cada vez más graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales que han dado lugar a la crisis y déficit de la democracia en la región.

OBJETIVOS
Objetivo general: Examinar la situación de los derechos humanos en la región y su abordaje desde distintos sectores de la sociedad: empresas, gobiernos y sociedad civil. ¿Cuánto hemos avanzado?, ¿qué nos hace falta? y ¿cómo podemos cambiar de la retórica a acciones concretas que mejoren la situación?

Objetivos específicos:

• Dar a conocer el estado del arte en materia de implementación de la debida diligencia en derechos humanos por parte de empresas en Centroamérica.
• Abordar los desafíos en la implementación de los principios rectores, desde la perspectiva de personas y comunidades que defienden derechos humanos en la región.
• Identificar rutas innovadoras de acción y formular recomendaciones a los Estados para alcanzar la plena implementación de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos.

 
CONTENIDOS 

• Contexto actual de DDHH en Centroamérica desde las distintas perspectivas:  Sector Empresarial, Gobierno y Sociedad Civil
• Buenas Prácticas y Desafíos para cada sector en materia de empresas y derechos humanos.  Difusión de lo que se está haciendo.
• Propuestas: Explorar la posibilidad de crear puentes y trabajar de manera conjunta para la realización plena de los derechos humanos en Centroamérica y contribuir a un mayor bienestar para las sociedades de la región.

METODOLOGÍA:
Se hará una presentación corta general sobre la situación de los DDHH en la región y la medodología a seguir en este espacio, como introducción al tema para luego pasar a una discusión mediante preguntas detonadoras que permitan la interacción entre los panelistas. (Olga Sauma, 5 minutos)
Para promover la mayor participación posible de la diversidad de actores de la región, se puede organizar el encuentro en tres momentos de media hora cada uno (con cambios ágiles de panelistas y con el control del tiempo bajo responsabilidad de la moderación).
Primer momento (30 minutos) (Moderado por Olga Sauma): Se enfoca en los avances en la implementación de la debida diligencia por parte del sector empresarial, buenas prácticas.
Preguntas generadoras:

• ¿Cómo perciben el contexto actual de los DDHH en Centroamérica? ¿Qué hacen sus organizaciones para avanzar una agenda de DDHH, cuales son las buenas prácticas en su sector?

• El sector empresarial es percibido como parte del problema en cuanto a la vulneración de los DDHH, ¿qué están haciendo diferente ustedes desde el COHEP o la ANDI para cambiar esa percepción? Y ¿cómo miden el avance?
• Se han mencionado programas específicos que están impulsando desde el ámbito empresarial.  ¿Consideran que eso está cambiando la forma como las empresas entienden su responsabilidad en cuanto a los Derechos Humanos?  ¿Qué retos y desafíos han encontrado a partir de la implementación de sus iniciativas?

 
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
INTEGRARSE:
La Integración Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial (INTEGRARSE) es una alianza de organizaciones promotoras de la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad en Centroamérica y El Caribe que busca estimular en la comunidad empresarial de la región una cultura permanente de responsabilidad social empresarial y contribuir efectivamente al desarrollo sostenible y la integración regional.
AED (Alianza Empresarial para el Desarrollo) es el capítulo costarricense de INTEGRARSE. AED guía al sector empresarial a considerar principios de sostenibilidad y responsabilidad social como parte de su gestión, reduciendo impactos negativos y maximizando impactos positivos en la sociedad, el ambiente y la economía.
En el 2018, INTEGRARSE liderado por su socio AED de Costa Rica, firma un convenio con la organización HIVOS, en el marco del Programa NEXOS de Derechos Humanos, con el fin de implementar un proyecto regional de Empresa y Derechos Humanos. El objetivo principal fue incrementar la conciencia de las empresas sobre la aplicación de los Principios Rectores poniendo a su disposición herramientas y buenas prácticas de debida diligencia que puedan ser replicables. Esto permitió identificar empresas líderes en cada país de la región y publicar una Caja de Herramientas virtual que brinde conceptos básicos, guías y orientación para aquellas organizaciones que desean construir políticas y planes de derechos humanos basados en los principios rectores de empresa y derechos humanos.

COHEP:
El COHEP reafirma su compromiso de la necesidad de promover una cultura de negocios que aspire a un desarrollo justo y sostenible, que aplique los “Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos” promovida por Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. En ese sentido se tiene un fuerte compromiso con la protección y respeto de los derechos humanos, desarrollando a nivel empresarial un gran número de iniciativas, a través de las cuales se evidencia que los derechos humanos son un elemento esencial en el ámbito empresarial, entre las que destacamos las siguientes:
Proyecto COHEP -USAID: “La debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos en relación con la cadena de suministros”
En el marco del Proyecto UNIDOS POR LA JUSTICIA la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) firmó en fecha 26 de febrero del año 2019 un convenio de subvención con COHEP para la ejecución del proyecto “La Debida Diligencia Empresarial en materia de Derechos Humanos en relación con la Cadena de Suministros” formulado a lo interno de este Consejo.

ANDI: 
La Asociación Nacional de Industriales (ANDI), es una organización sin fines de lucro, con 60 años de experiencia, representando y asistiendo los intereses del sector industrial de Honduras. Los socios de la ANDI, dotados de sensibilidad social, comprenden los retos que las empresas industriales deben afrontar en los inicios del siglo XXI, y es por ello por lo que, en septiembre de 2014, la Asociación modifica sus Estatutos para darles un contenido basado en el respecto de los DDHH.
Bajo esa reforma

Sesión organizada por Bienaventurados los Pobres – BePe de Argentina, Justiça nos Trilhos– JnT de Brasil, Pensamiento y Acción Social – PAS de Colombia y CooperAcción de Perú,

Antecedentes
En el margen proyecto “Empresas transnacionales y Principios Rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de derechos humanos en América Latina” llevado a cabo por cuatro organizaciones de América Latina: Bienaventurados los Pobres – BePe de Argentina, Justiça nos Trilhos– JnT de Brasil, Pensamiento y Acción Social – PAS de Colombia y CooperAcción de Perúcon con apoyo de la Unión Europea por 3 años,se ha realizado una investigación en los respectivos países y elaborado un Informe Regional sobre la situación de los derechos humanos y las empresas en el marco de la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores).

Objetivo
Proponer a los actores estatales, empresariales y de la sociedad civil recomendaciones para mejorar la garantía, respeto y reparación de los derechos humanos de las poblaciones y pueblos indígenas de áreas de influencia de actividades mineras en nuestros cuatro países latinoamericanos, visibilizando la afectación de derechos.

Formato.

• 2 exposiciones de 10 minutos cada una, a cargo de lxs representantes de CooperAcción – Perú y BePe – Argentina, a partir de los casos emblemáticos investigados.
• 2 Testimonios de afectados por operaciones mineras: Tragedia en Brumadinho (Brasil) y Afectación a la salud en Espinar (Perú)
• 1 exposición de 15 minutos, sobre los hallazgos, conclusiones y recomendaciones a los diferentes actores del Informe Regional.
• Preguntas del público, 30 minutos.
• Respuestas de lxs expositorxs, 5 minutos cada uno

Objetivos de la sesión

• Proporcion de información a los actores clave de los Estados, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil de la región, sobre el estado de la implementación de los Principios Rectores en cuatro países de América Latina.
• Identificación por parte de los participantes de los avances, dificultades, lecciones aprendidas, de los procesos de implementación de los Principios Rectores en nuestros países.
• identificación por parte de los participantes de alternativas y recomendaciones para exigir, restituir y reparar derechos

Organizado por la Oficina de  la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)

Descripción general:
La contratación pública (o gubernamental) se refiere a las compras por parte de los gobiernos y las empresas estatales de los bienes, servicios y obras que necesita para llevar a cabo sus funciones, considerando todo el ciclo de vida de los mismos. La contratación pública es un componente importante de la economía global y regional, que abarca del 7 al 32% del PIB en las economías más grandes de América Latina. Junto con sus objetivos principales de lograr eficiencia, transparencia e integridad, la contratación pública se ha convertido en una herramienta estratégica para lograr objetivos de política pública clave, como promover la inclusión de las PYMEs, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Este enfoque multi-criterio, en el que se consideran otras dimensiones para obtener un mayor valor por dinero, se está convirtiendo en una práctica común a nivel mundial y está siendo promovido regionalmente por la Red Interamericana de Compras Públicas.

Cada vez es más evidente que empresas involucradas en la producción de bienes y servicios que forman parte de las cadenas de valor de la contratación pública , tienen impactos negativos importantes en los derechos humanos, la salud y la seguridad de trabajadores, el medio ambiente y la ética. Estos impactos a su vez pueden representar riesgos (de integridad, operacionales, reputacionales, legales) significativos para el cumplimiento de los diferentes objetivos de la contratación pública.

Con este nuevo escenario, la agenda de conducta empresarial responsable y de respeto por los derechos humanos se constituye en una palanca para contribuir con un mayor valor por el dinero en la contratación pública. Por un lado, la incorporación de criterios de conductas responsables y DDHH en los sistemas de contratación pública permite la identificación y el abordaje de los riesgos emergentes a lo largo de las cadenas de valor, contribuyendo a prácticas de contratación pública más eficientes. De igual forma, al gestionar estos riesgos emergentes de manera proactiva, los beneficios sociales y económicos son obvios, ya que se evitan y mitigan los daños potenciales y reales para los trabajadores, las comunidades, los consumidores y el medio ambiente, vinculados a los productos y servicios contratados por el estado. Adicionalmente, se contribuye con la competitividad del sector privado, al reducir su propia exposición a los riesgos emergentes propios y de su cadena de suministro. Esta agenda ayudará a fortalecer la coherencia política entre la contratación pública y las obligaciones internacionales de derechos humanos de los Estados, así como los objetivos más amplios de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. Del mismo modo, los estados fortalecerán su liderazgo con el ejemplo, demostrando su compromiso y el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos como actor económico.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores) dejan en claro que el deber de los estados de proteger los derechos humanos se extiende a sus actividades de compra. Además, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha establecido nuevos objetivos en la contratación pública, para impulsar la producción y el consumo sostenibles y el desarrollo de economías más inclusivas: el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12.7 llama a todos los países a "Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales". Paralelamente, importantes actores mundiales, incluidos el G7, la OCDE, la UE y la OIT, están promoviendo un enfoque renovado en "cadenas de valor mundiales responsables" como clave para un crecimiento sostenible e inclusivo, con un fuerte énfasis en la contribución del sector privado, a través de " conducta empresarial responsable "y la agenda de trabajo decente, para lograr este objetivo.

Esta sesión de consulta regional se centrará en cómo las leyes, políticas y otras prácticas de contratación pública en la región se han alineado con los Principios Rectores y los estándares internacionales de conductas responsables. Alentará la discusión sobre cómo la agenda de conducta empresarial responsable y de respeto por los derechos humanos puede ser una palanca para contribuir con un mayor valor por el dinero en la contratación pública. La conversación considerará los desafíos para lograr una integración efectiva de estos criterios en el sistema de contratación pública, así como las lecciones aprendidas hasta la fecha y las innovaciones emergentes. La reflexión clave para todos los participantes gira alrededor de las medidas concretas que deben tomar los gobiernos nacionales para garantizar que las leyes, políticas y prácticas de contratación pública promuevan el respeto corporativo de los derechos humanos.

Lecturas relevantes:

• Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas a la Asamblea General, octubre de 2018 (A/73/163) Debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos – prácticas emergentes, desafíos y perspectivas futuras
• Resumen del informe del Grupo de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos a la Asamblea General, octubre de 2018 (A/73/163)
• OCDE recomendación del Consejo sobre Contratación Pública, 2015
• OECD Responsible business conduct in government procurement practices. (únicamente en inglés) 
• Manual para Agentes de Compras Públicas de la Red Interamericana De Compras Gubernamentales (RICG), 2015

Sesión organizada por UNICEF

Breve introducción a la sesión
Con el desarrollo de la agenda de derechos humanos y empresas, la creación de Planes de Acción Nacionales de Empresas y Derechos Humanos (PAN) en ALC ha incorporado la visión de diversas poblaciones vulnerables tales como la infancia y la adolescencia. UNICEF ha acompañado a los Estados y contrapartes desde el sector privado y de la sociedad civil para que se integren en estos Planes un enfoque diferenciado en niñez, lo que permitirá a las empresas poder medir y tomar acción frente a los derechos del niño. Los procesos, tanto culminados como en desarrollo, de los PAN en Argentina, Chile, Colombia y México han involucrado esta acción de abogacía, apoyando la creación de indicadores relativos a la niñez en las líneas de base de los PAN y posteriormente articulando un trabajo entre los sectores público y privado para asegurar la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Objectivos de la sesión
Esta sesión ofrecerá a los participantes una mirada regional sobre los procesos de construcción de los PAN bajo un enfoque de niñez, resaltando la transversalidad de los derechos del niño en la agenda de empresas y derechos humanos. Las diversas experiencias contadas desde los procesos del PAN en Argentina y Chile permitirán conocer cómo se pude abogar por la inclusión de este grupo en el diseño e implementación de un PAN, así como lecciones aprendidas concretas de estos procesos.

Preguntas clave
Esta sesión está pensada como un conversatorio, por lo que las preguntas orientativas tienen relación con la inclusión del enfoque de niñez en los PAN, tanto en el diseño (línea de base), en su construcción, y en su implementación posterior a la publicación del PAN.

Formato de la sesión
Formato de conversatorio, con un moderador que dará la palabra a los cinco oradores participantes. Luego se procederá a una sesión de preguntas o formato conversacional entre los ponentes y asistentes.

• 10’ UNICEF LACRO ofrecer un contexto general sobre el desarrollo de los PAN en la región
• 5’ UNICEF Chile explica el proceso de abogacía y apoyo al PAN chileno
• 20’ Representantes del gobierno explican con casos prácticos como se dio este proceso y los beneficios de este enfoque
• 5’ UNICEF Arg. Comenta sobre la inclusion de indicadores específicos para la infancia en los PAN
• 20’ Representante del gobierno argentino explica el proceso del PAN y el enfoque de niñez incorporado desde la línea de base
• 5’ UNICEF LACRO cierra con una petición: incluir los derechos de la niñez en los instrumentos de gobierno para los PAN.
• 15’ Preguntas y respuetas

Material de referencia

• Principios Empresariales y Derechos del Niño (UNICEF, Save the Children, Pacto Global), 2013

Sesión externa organizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales

Objetivo:
Presentar y discutir un marco jurídico de responsabilidad internacional del Estado por las violaciones de los derechos humanos que cometan las empresas de propiedad del Estado, implicando responsabilidad internacional directa según el derecho internacional de los derechos humanos.

Contexto:
Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores) mencionan a las empresas de propiedad del Estado en su PR 4, el que fue interpretado como la exigencia a los Estados de "liderar con el ejemplo" en materia de derechos humanos y empresas, mostrando por lo tanto en sus propias actividades empresariales cómo las empresas privadas podían implementar el Pilar II sobre respeto a los derechos humanos y las herramientas de la debida diligencia empresarial. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos define también obligaciones de los Estados en esta materia, que abarcan obligaciones directas para las empresas de propiedad del Estado. Mientras la jurisprudencia regional de derechos humanos y la jurisprudencia arbitral en materia económica han reconocido esta responsabilidad directa, el Grupo de Trabajo aún no lo ha hecho.

Esta sesión paralela presenta los resultados de una investigación sobre esta materia, y discute sus implicancias para algunos casos concretos de violaciones de los derechos humanos por parte de empresas de propiedad del Estado, y las respuestas que las empresas y el sector público pueden haber dado al respecto. Se presentarán casos de Chile, Brazil y México. Finalmente, se dará a conocer una caja de herramientas elaborada para temas de corrupción, empresas de propiedad del Estado y derechos humanos, por la Contraloría General de la República de Chile, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

Formato:
Cada panelista tendrá 10 minutos para su intervención.

• Empresas de propiedad del Estado y derechos humanos. El informe del Grupo de Trabajo
• Marco jurídico. Las hipótesis de responsabilidad directa en materia de derechos humanos. Desafíos para el Estado como inversionista y financista
• BNDES: el banco de desarrollo brasileño, sus inversiones en América Latina y los derechos humanos
• Chile. Banco Estado, no-discriminación, igualdad y responsabilidad del Estado
• Empresas de propiedad del Estado y derechos humanos en México
• Lucha contra la corrupción, ODS, derechos humanos: un desafío para las EPE. Herramientas prácticas 

Sesión externa organizada por el  Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos  (Business and Human Rights Resource Centre) y Observatorio Ciudadano


Breve descripción
La industria del litio está experimentando un rápido y exponencial auge a nivel global, sobre todo debido al aumento esperado de la demanda de este mineral por parte de empresas de baterías y de vehículos eléctricos. En un contexto mundial preocupado por el cambio climático, se considera que la transición de energías fósiles a energías “limpias”, garantizaría la sostenibilidad ambiental, y en ese sentido, el litio es -junto a otros minerales- fundamental en las estrategias de desarrollo de energías renovables, en particular para almacenar la energía producida por las industrias solares y eólicas mineral.
Sin embargo, los lugares de donde se extrae el litio están ubicados en zonas de salares alto-andinos altamente frágiles, habitados ancestralmente por pueblos indígenas del Cono Sur de América Latina (Argentina, Bolivia y Chile) y yacimientos previstos en la región de Puno en Perú. Allí, además de sufrir por la escasez de agua para el consumo de sus economías tradicionales, estos pueblos indígenas ven con preocupación la disputa de sus tierras y acceso a fuentes de agua por empresas dedicadas a la extracción de litio y otros minerales, así como a la pérdida de biodiversidad por la ampliación de concesiones mineras de litio por parte de las autoridades de sus respectivos países.
Esta sesión se centrará en compartir los puntos de vista de voces de pueblos indígenas del cono sur, junto con la postura de órganos del Estado y de al menos una empresa, para analizar cómo se está aplicando la debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos, tal y como se establecen en los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos y en la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT, respecto de una conducta empresarial responsable y los modos como los distintos actores involucrados pueden abordar la transición energética sin descuidar sus obligaciones de derechos humanos.

La discusión incluirá temas específicos tales como:

1. Descripción de consecuencias en los pueblos indígenas de los salares de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (Argentina), Uyuni (Bolivia) y Atacama (Chile) derivados de las empresas mineras de litio
2.  Intervención de las instituciones de derechos humanos sobre la extracción de litio
3. Postura de las empresas en el negocio del litio y respeto de derechos humanos

Documentos clave

• Informe final de la Comisión de litio, Ministerio de Minas, Chile (2015): http://www.mch.cl/reportes/informe-final-de-la-comision-nacional-del-litio/#
• Consulta previa: el caso de Salinas Grandes. Amnistía Internacional (2018) http://amnistia.org.ar/informe2018/consulta-previa-caso-salinas-grandes
• La industrialización del litio en Bolivia. Un proyecto estatal y retos de la gobernanza, el extractivismo histórico y el capital internacional. Manuel Olivera, 2017: http://www.cides.edu.bo/webcides2/index.php/component/jdownloads/send/17-otras-publicaciones/112-op-27-la-industrializacion-del-litio-en-bol

Antecedentes
En la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) los países resaltaron la necesidad de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones. Agregaron que la minería ofrece la oportunidad de impulsar el desarrollo económico, reducir la pobreza y ayudar a los países a lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente cuando se gestiona de manera efectiva y adecuada. Reconocieron asimismo la importancia de los marcos jurídicos y reglamentarios, políticas y prácticas para asegurar que el sector minero genere beneficios económicos y sociales, e incluya salvaguardias efectivas que reduzcan los efectos sociales y ambientales adversos y conserven la biodiversidad y los ecosistemas, inclusive con posterioridad a las actividades mineras y exhortaron en ese contexto a los gobiernos y empresas a promover un aumento continuo de la rendición de cuentas y la transparencia.

De manera coincidente, en septiembre de 2015 los países adoptaron una nueva agenda universal que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, que juntos constituyen la hoja de ruta que los países han acordado para los próximos 15 años. La Agenda 2030 es un llamado a la acción para cambiar nuestro mundo sobre la base de una visión de futuro sumamente ambiciosa y transformativa. Aspira, entre otros, a un mundo sin pobreza, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y los recursos naturales.

En este escenario, esta sesión abordará cuánto ha avanzado la región en la promoción de proyectos mineros respetuosos con el ambiente y las comunidades y en la prevención y mitigación de los impactos de la minería.
El foco de la sesión estará puesto en la evaluación de impacto ambiental de las actividades extractivas en cuanto herramienta preventiva para cautelar el derecho a la vida, a la salud y a vivir en un medio ambiente sano.

La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de política pública cuyo objetivo es proveer de información y análisis para mejorar las decisiones que se deben adoptar en términos prospectivos, de modo de ayudar a anticipar los impactos futuros de las decisiones presentes y de esa manera mejorar las decisiones públicas y favorecer una adecuada rendición de cuentas.

Todos los países andinos cuentan con marcos legales para evaluar los efectos ambientales de determinados proyectos mineros, que incluyen instancias formales de información o participación pública, así como mecanismos para acceder a la justicia en caso de vulneración de derechos. No obstante, tradicionalmente la evaluación ambiental de proyectos mineros no ha contemplado explícitamente un enfoque de derechos humanos, lo que permitiría prestar atención especial a personas o grupos específicos (pueblos indígenas, mujeres, minorías nacionales, étnicas, lingüísticas, otras), garantizar consultas sustantivas a los grupos potencialmente afectados y mecanismos de reparación eficaces en caso de vulneración de derechos humanos (en línea con los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú).

La sesión paralela se plantea así como un espacio para compartir perspectivas, experiencias y lecciones aprendidas en torno a la incorporación del enfoque de derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental, con miras a proponer recomendaciones para fortalecer este instrumento preventivo a la luz de los recientes desarrollos internacionales y regionales y atendiendo a la creciente conflictividad socioambiental en la región, particularmente asociada a la actividad minera.

Objetivo

•  Discutir y analizar la incorporación del enfoque de derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental, con miras a proponer recomendaciones para fortalecer este instrumento preventivo a la luz de los recientes desarrollos internacionales y regionales y atendiendo a la creciente conflictividad socioambiental en la región, particularmente asociada a la actividad minera.

Sesión externa organizada por Pacto Global Red Argentina, Pacto Global Red Brasil, Pacto Global Red Chile y Pacto Global Red Colombia

Descripción:
Pacto Global de las Naciones Unidas, es la iniciativa corporativa más grande del mundo, cuenta con alrededor de 9,500 organizaciones empresariales en todo el mundo. En Latinoamérica hay 14 Redes Locales que abordan temas de sostenibilidad e impulsan a sus a organizaciones a alinearse con los 10 Principios del Pacto Global.

El respeto de los derechos humanos según los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se traduce en el deber de las compañías de implementar un proceso de debida diligencia con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder las consecuencias negativas en derechos humanos por sus actividades, productos y servicios.

La gestión de la cadena de suministro es uno de los mayores desafíos para las empresas, que deben respetar los derechos humanos no solo a nivel interno, sino también lograr que sus cadenas de suministro tomen consciencia y gestionen los riesgos en derechos humanos.

Las cadenas de suministro cumplen un papel fundamental en el respeto a los derechos humanos y cada vez más las empresas son conscientes que para evitar ser cómplices en la vulneración a los derechos humanos deben realizar una gestión responsable y transparente en sus relaciones con proveedores y contratistas.

Las Redes Locales de Pacto Global fomentan que sus empresas adheridas implementen los 10 Principios, especialmente el 1 y el 2, y los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos. Por esta razón, esta sesión tiene como principal objetivo demostrar cómo las empresas en varios países Latinoamericanos están gestionando su cadena de suministro y cómo las Redes Locales han sido socios importantes en este proceso.

Objetivos de la sesión:

•  Demostrar buenas prácticas de gestión de la cadena de suministro en derechos humanos en algunos países latinoamericanos.
• Exponer los retos en la implementación de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos en la cadena de suministro.
• Lecciones aprendidas en los distintos sectores en la gestión de riesgos.

Sesión externa organizada por la Presidencia del Grupo de Trabajo establecido mediante la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos

Objetivo:
Presentar una actualización integral sobre el estado del proceso de elaboración del instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos en el marco del Consejo de Derechos Humanos, y facilitar un dialogo constructivo, informal y abierto, sobre sus avances, desafíos y perspectivas futuras, a la luz de la publicación de la Versión Revisada del futuro instrumento vinculante.
 
Antecedentes:
En junio de 2014, bajo el impulso de Ecuador y Sudáfrica, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la Resolución 26/9, a través de la cual se estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental Ad Hoc de Composición Abierta, con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
Desde entonces, el Grupo de Trabajo ha celebrado 4 sesiones anuales presididas por Ecuador, en las cuales más allá de los diferentes puntos de vista sobre el contenido, forma, naturaleza y alcance del futuro instrumento, se ha podido evidenciar una creciente participación y debate sustantivo, con cerca de 100 Estados presentes, más de 400 representantes de la sociedad civil, sector privado, sindicatos, delegados de organismos internacionales, titulares de mandatos de procedimientos especiales, instituciones nacionales de derechos humanos, parlamentarios de todas las regiones de mundo, y más de 15 eventos paralelos, en cifras sin precedentes para un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos.
Asimismo, el Grupo de Trabajo ha logrado alcanzar progresivamente el reconocimiento de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de varios países y otros actores relevantes, respecto de la complementariedad y necesidad de refuerzo mutuo con los esfuerzos de implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
No obstante, lo que marcó un verdadero punto de quiebre luego de varias décadas de llamados de la sociedad civil y diferentes iniciativas en este y otros foros multilaterales, fue sin duda alguna, la presentación, por primera vez, en julio de 2018, de un proyecto de texto de instrumento vinculante sobre empresas y derechos humanos, denominado también “Borrador Cero”; así como el cambio de enfoque hacia las víctimas de violaciones derivadas de las actividades empresariales, especialmente aquellas de carácter transnacional, la prevención de tales violaciones, y la garantía de su acceso a la justicia y reparación, incluyendo la cooperación internacional y la supervisión de su implementación.
Este paso, fue fortalecido con un debate constructivo durante la Cuarta Sesión del Grupo de Trabajo y con más de 40 propuestas y observaciones al “Borrador Cero”. Sobre la base de esos insumos, más el “addendum” del informe final de la Cuarta Sesión, las consultas informales llevadas a cabo en junio de 2019, varias reuniones multilaterales y bilaterales mantenidas en Ginebra y otras sedes, y el asesoramiento independiente y especializado de algunos de los expertos que participaron como panelistas en las sesiones anteriores del Grupo de Trabajo, la Presidencia del Grupo de Trabajo circuló y publicó, el 16 de julio de 2019, a través de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una Versión Revisada del proyecto de instrumento vinculante, el cual servirá de base para las negociaciones intergubernamentales directas en el marco de la Quinta Sesión del Grupo de Trabajo, a llevarse a cabo del 14 al 18 de Octubre de 2019, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Esta nueva versión del proyecto de instrumento vinculante, introdujo importantes cambios a la versión anterior, por lo que más allá de las opiniones positivas y sugerencias preliminares de mejoras puntuales que deberán ser discutidas durante el proceso de negociación, no cabe duda que brinda una oportunidad idónea para la participación de aquellos Estados y otros actores relevantes comprometidos con el progreso de la promoción, protección y respeto de los derechos humanos en el ámbito empresarial.
Objetivos específicos:

• Facilitar la identificación de las principales modificaciones incorporadas en la Versión Revisada del futuro instrumento vinculante sobre empresas y derechos humanos;
• Incentivar un intercambio informal, incluso de carácter preliminar, sobre la Versión Revisada del proyecto de instrumento vinculante sobre empresas y derechos humanos, incluyendo sus posibles mejoras, a la luz de los avances y desafíos particulares de los países de la región de América Latina y el Caribe.
• Explorar las oportunidades que brinda el proceso del instrumento vinculante para avanzar de manera concreta hacia la protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial, una mejor rendición de cuentas y una reparación más efectiva de las víctimas de las actividades empresariales, así como para fortalecer la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en América Latina y el Caribe y a nivel global.
• Formato:
  La sesión estará abierta a todos los participantes de la Cuarta Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos y consistirá en presentaciones por parte de oradores, seguida de un dialogo interactivo.

Sesión externa organizado por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Resulta fundamental considerar que en los últimos años, la comunidad internacional ha avanzado en el tratamiento del creciente papel de las empresas nacionales y transnacionales, sus impactos sobre los derechos humanos y las correspondientes obligaciones de los Estados en materia de prevención y respuesta frente a tales problemáticas.

Es de resaltar también que los órganos del sistema interamericano han reconocido reiteradamente que, en determinadas circunstancias, puede generarse responsabilidad internacional del Estado por atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos cometidos por particulares, lo que incluye claramente a las empresas privadas. Por lo general, las situaciones de violaciones de derechos humanos que se producen como consecuencia del accionar empresarial, se traducen no solo a derechos civiles y políticos sino y quizás, principalmente, en violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA, en lo sucesivo), tales como el derecho a la salud, al agua, al medio ambiente sano, a la consulta previa e informada de pueblos indígenas, al trabajo y a la seguridad social, entre otros. De allí también la relevancia de promover el cumplimiento de las obligaciones de los Estados frente al disfrute y protección de estos derechos.

Al respecto, cabe mencionar que el consenso que ha surgido en la materia se ha manifestado principalmente en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011. Los Principios Rectores se basan en tres pilares: el deber de los Estados de proteger contra los abusos a los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas; la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, mediante medidas de debida diligencia en materia de derechos humanos; y el acceso a la justicia y a la reparación para las víctimas. Asimismo, es importante destacar la Observación General 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas aprobado en agosto de 2017 mediante el cual determina las obligaciones que tienen los Estados en el marco de las actividades empresariales y su impacto en estos derechos, incluyendo las obligaciones extraterritoriales de estos (CDESC Observación General 24 UN Doc E/C.12/GC/24, 10 de agosto de 2017)

En particular, la CIDH ha subrayado que el deber de “proteger” de los Estados, consiste según los Principios Rectores en “adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia” . En tal sentido, en lo que respecta a los Estados bajo el sistema interamericano, la Comisión enfatizó que este deber de protección encuentra una base convencional en los instrumentos interamericanos y coincide con la referida obligación general de garantizar los derechos humanos contenida en el artículo 1.1 de la CADH, en los términos antes señalados. Esta obligación de garantía también fue reconocida y desarrollada desde la jurisprudencia inicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual indicó que “como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.” (Corte IDH Velásquez Rodríguez vs. Honduras 29 de julio de 1988, párr. 166)

Asimismo, el 2015 la CIDH publicó el primer informe relacionado al tema desde un enfoque de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en relación a las actividades extractivas. En dicha ocasión definió las obligaciones estatales en los contextos de actividades de extracción, explotación y desarrollo. (CIDH. Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo (31 de diciembre 2015))

En ese marco, es importante hacer también mención a la Resolución AG/RES. 2887 (XLVI-O/16) aprobada en la segunda sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 14 de junio de 2016, mediante la cual se solicita a la CIDH realizar un estudio sobre los estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos a partir de un análisis de las convenciones, jurisprudencia e informes emanados del sistema interamericano, lo que podrá servir de insumo para los esfuerzos realizados por los Estados Miembros en varias iniciativas nacionales e internacionales en tal esfera. Precisamente, tomando como base el mandato encomendado a la CIDH para este estudio, esta decidió delegar dicha temática como prioritaria para el trabajo de la REDESCA, la cual tiene el mandato de avanzar en el tratamiento del tema desde una óptica de indivisibilidad, y elaborar el informe temático denominado “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos”. (CIDH Plan Estratégico 2017/2021 OEA/Ser.L/V/II.161 Doc. 27/17, pág. 36)

La presente sesión tiene por objeto presentar información sobre el proceso de elaboración del presente informe, el estado actual del mismo así como consideraciones generales relacionadas a pronunciamientos previos vinculados a la temática dentro del Sistema Interamericano.

Preguntas de discusión:
¿Cuál es el rol que la CIDH y su REDESCA pueden desempeñar en el campo de empresas y derechos humanos en la región a la luz de sus competencias?

• ¿Qué oportunidades de dialogo y trabajo conjunto existe entre la CIDH y su REDESCA con otros órganos e instituciones internacionales involucradas en la temática?
• ¿A la luz de los mecanismos de la CIDH y su REDESCA cuáles son los desafíos que tienen los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la protección de los derechos humanos dentro de este campo?

Documentos sugeridos:

• CIDH. Informe temático. Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo (2015).
• Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23
• Cuestionario para el informe temático “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos”

Sesión organizada por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos Humanos (ACNUDH)


Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores) reconocen que cuando las empresas están implicadas en abusos contra los derechos humanos, las personas perjudicadas deben tener acceso a una reparación eficaz. Si bien los mecanismos estatales de reclamación (judiciales y extrajudiciales) constituyen la base de un sistema más amplio de reparación, dentro de ese sistema, los mecanismos de reclamación no estatales (o privados) pueden desempeñar un papel importante.

Por ejemplo, para que sea posible atender rápidamente y reparar directamente los daños causados, los Principios Rectores hacen un llamado a las compañías a "establecer o participar" en mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional. En los Principios Rectores también se considera que el uso de otros mecanismos no estatales de reclamación, como las colectividades de múltiples partes interesadas y otras iniciativas de colaboración, es un medio importante para que las empresas puedan cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos.

En julio de 2018, el Consejo de Derechos Humanos pidió a ACNUDH que identificara y analizara los desafíos, oportunidades, mejores prácticas y lecciones aprendidas con respecto a los mecanismos de reclamación no estatales (A/HRC/RES/38/13 (2018) y, en consecuencia, ACNUDH comenzó a trabajar en la tercera fase de su Proyecto sobre Rendición de Cuentas y Reparación (ARP III). En noviembre de 2018, ACNUDH publicó un documento en el que se detallan las principales cuestiones a las que se debe dar prioridad para el ARP III y se explican los tipos de mecanismos en los que se debe centrar la atención:

• Mecanismos de reclamación basados en la empresa (tales como mecanismos de reclamación a nivel operacional);
• Mecanismos de reclamación desarrollados por la corporaciones industriales, las colectividades de múltiples partes interesadas y otras iniciativas de colaboración; y
• Mecanismos de reclamación asociados con las instituciones financieras de desarrollo (como los mecanismos independientes de rendición de cuentas). (https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ARP/ARPIII-PoW.pdf)

En esta sesión se discutirá la situación de dichos mecanismos de reclamación y se explorarán los desafíos asociados con el uso y la administración de los mismos, en el contexto de América Latina y el Caribe (ALC). Se invitará tanto a los panelistas como a los participantes a compartir las lecciones aprendidas y las ideas para mejorar la eficacia de los mecanismos de reclamación no estatales, a fin de mejorar las opciones de las víctimas para obtener una reparación eficaz.

Preguntas clave para la discusión

• ¿Hasta qué punto están disponibles los mecanismos de reclamación no estatales para las personas perjudicadas en el contexto de las actividades empresariales en ALC?
• ¿En qué medida cumplen esos mecanismos los criterios de eficacia establecidos en el Principio Rector 31?
• ¿Qué desafíos existen en relación con el alcance y la accesibilidad de las partes interesadas en ALC, y cómo pueden superarse?
• ¿Qué estrategias existen para asegurar que los grupos de partes interesadas potencialmente afectados sean consultados de manera efectiva y respetando los derechos en relación con el diseño y el funcionamiento de los mecanismos de reclamación no estatales?
• ¿Qué implicación tienen los grupos de partes interesadas afectadas en la selección, diseño o implementación de las reparaciones?
• ¿Hasta qué punto obtienen las víctimas una reparación a través de mecanismos de reclamación no estatales en ALC con los que están satisfechas?
• ¿Qué ejemplos existen en el contexto de ALC en que los mecanismos de reclamación no estatales han tenido que cooperar entre sí y/o con mecanismos estatales para ofrecer reparaciones?
• ¿Qué estrategias existen para asegurar que los usuarios no sean intimidados ni se tomen represalias contra ellos por utilizar mecanismos de reclamación no estatales, además de garantizar la confidencialidad de los denunciantes?

Material de lectura previa:

• Portal del Proyecto III de Rendición de Cuentas y Reparación del ACNUDH
• Nota informativa de dos páginas sobre el ARP y el ARP III
• Programa de trabajo del ARP III
• Documento ARP III sobre el alcance del proyecto 

Sesión externa organizada por el Centro de Empresas y Derechos Humanos de la Fundación Getulio Vargas

Breve descripción del enfoque y objetivos:
La transparencia y la presentación de informes son partes esenciales de una conducta empresarial responsable hacia los Derechos Humanos, tal como se consolida en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP, en inglés). El deber principal de los Estados requiere adoptar un conjunto de medidas para fomentar la protección de los Derechos Humanos, incluyendo medidas para alentar a las empresas a comunicar cómo abordan sus impactos en los Derechos Humanos. La responsabilidad corporativa de respetar los Derechos Humanos requiere que las empresas tengan en cuenta cómo abordan dichos impactos.
 
El objetivo principal de esta sesión es discutir cómo las empresas están informando sus impactos en los Derechos Humanos, pero también compartir recomendaciones sobre mejoras para la transparencia y sus prácticas de informes en los Derechos Humanos. La sesión se basa en: (i) una visión general de las tendencias normativas en los Estados latinoamericanos en relación con la transparencia en el contexto de Empresas y Derechos Humanos (ii) los resultados preliminares del análisis de los informes de las 50 empresas más grandes que operan en Brasil , obtenidos dentro de un proyecto de investigación en curso desarrollado por el Centro de Empresas y Derechos Humanos de la Fundación Getulio Vargas (FGV CeDHE) en asociación con la Red Brasil del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGCNB, en inglés); y (iii) lecciones aprendidas sobre transparencia en Derechos Humanos de Chile, Perú y Argentina. Esta sesión, pues, explora un alcance geográfico más amplio sobre la presentación de informes y transparencia en materia de derechos humanos y la importancia de los diversos stakeholders.
 
El proyecto de FGV CeDHE y UNGCNB tiene como objetivo crear, en colaboración, recomendaciones para empresas sobre transparencia y informes de Derechos Humanos, a través de diferentes métodos, como revisión de literatura, análisis benchmarking, talleres , entrevistas y análisis de datos cualitativos de los informes ‘GRI’ de las empresas seleccionadas. Los resultados preliminares indican que: (a) varios Estados han adoptado o están considerando adoptar una legislación que requiere que las empresas aborden o comuniquen sus impactos en los Derechos Humanos; (b) existe una tendencia hacia la presentación de informes obligatorios, al revés de obligaciones voluntarias, así como hacia mecanismos de monitoreo más efectivos; y (c) las empresas generalmente no desarrollan ni informan sobre prácticas que van más allá que los requisitos nacionales legales, aunque los UNGP establecen que la responsabilidad corporativa de respetar  los Derechos Humanos existe más allá que solo cumplimiento de las leyes nacionales.
 
Estos y otros hallazgos serán presentados para debate en la sesión del Foro. Se invitará a la audiencia a participar en una discusión interactiva, lo que permitirá a los organizadores de la sesión recopilar aportes de expertos de Empresas y Derechos Humanos, y que se incorporarán en las recomendaciones para las empresas sobre transparencia y presentación de informes sobre Derechos Humanos.

Sesion externa organizada por Fundación Casa de la Paz (Chile), Fundación Ideas para la Paz (Colombia), CentraRSE (Guatemala) y Socios Perú (Perú).

Introducción y enfoque
En América Latina el marco de empresas y derechos humanos llegó para quedarse. Ello se debe a los notorios esfuerzos en distintos países del continente por trasladar de la teoría a la práctica lo consignado en los Principios Rectores.
Las entidades organizadoras de esta sesión tienen, como mínimo, dos elementos esenciales en común que expondrán en este escenario. El primero, consiste en el liderazgo y activación de procesos multiactor y colaborativos para la adopción de los Principios Rectores en sus respectivos países; es decir, espacios donde confluyen todos los actores pertinentes (sociedad civil, Estados, empresas, academia, organismos internacionales, entre otros) para la eficaz implementación de dichos Principios. Estos procesos suponen trabajar de manera innovadora para fortalecer la gestión pública frente a la protección de los derechos humanos, promover la debida diligencia empresarial en derechos humanos y habilitar condiciones y mecanismos de remedio. El segundo elemento consiste en el desarrollo de herramientas prácticas (metodologías, guías, entre otros) que pueden ponerse al servicio de otras organizaciones y países de la región, así como la identificación de lecciones aprendidas propias de la aplicación de los Principios Rectores en distintos contextos nacionales.
En consecuencia, esta sesión ofrecerá a los participantes una perspectiva comparada de mecanismos colaborativos y buenas prácticas en materia de empresas y derechos humanos en cuatro países de América Latina –Chile, Colombia, Guatemala y Perú-. A partir de allí se reflexionará sobre las oportunidades existentes para avanzar en la adopción de los Principios Rectores en la región, el valor agregado que al respecto generan los esfuerzos multiactor, así como los desafíos existentes en el corto y mediano plazo que pueden gestionarse desde este tipo de iniciativas de colaboración.

Objetivo de la sesión
Intercambiar experiencias prácticas de cuatro países en la región sobre herramientas, lecciones e implicaciones concretas frente a la implementación de los Principios Rectores tanto a nivel estatal como empresarial. Ello, a partir de un enfoque comparativo que reconozca las diferencias de cada contexto de país.

Formato de la sesión
La sesión se realizará en formato de panel, seguido de un espacio interactivo con el público a modo de preguntas, respuestas y reflexiones. En el panel participarán representantes de las entidades organizadoras de la sesión o integrantes de las mismas que representan distintos sectores de la sociedad (debido a su labor multiactor).
La sesión se distribuirá temáticamente en tres momentos:

1. Contexto de país frente a la implementación de los Principios Rectores y rol asumido por la entidad panelista: ¿Cuál es el ambiente de país frente a la agenda de empresas y derechos humanos? ¿Cuál es la apuesta estratégica de su organización en materia de los Principios Rectores?
2. Contribuciones y herramientas prácticas de la implementación de los Principios Rectores: pertinencia, alcance y lecciones aprendidas.
3. Intercambio con el público: preguntas, respuestas y reflexiones.

Para concluir, se recogerá la visión regional presentada durante la sesión en función de los avances, lecciones aprendidas y oportunidades hacia adelante frente a la implementación de los Principios Rectores. Los organizadores pondrán a disposición de los asistentes material de apoyo que ayude a profundizar en los contenidos tratados durante la sesión.

Organizadores de la sesión
Fundación Casa de la Paz – Guías Chile
Es una organización de interés público de naturaleza privada sin fines de lucro. Tiene más de 35 años experiencia educando, estableciendo vínculos y articulando acuerdos entre las comunidades, empresas y el sector público para promover una convivencia sustentable con el medio ambiente, socialmente justa y económicamente viable. A partir de 2015 inició un trabajo intensivo de promoción de los derechos humanos en el ámbito empresarial en el marco de los Principios Rectores desarrollando iniciativas de formación, diálogo multiactor y participación ciudadana.

Fundación Ideas para la Paz – Guías Colombia
La Fundación Ideas para la Paz – FIP es un centro de pensamiento independiente en Colombia creado en 1999. La Dirección de Empresas y Derechos Humanos de la FIP cuenta con más de 15 años de experiencia en el acompañamiento al diseño e implementación de políticas públicas en esta temática, orientación a empresas, estudios estratégicos sobre el rol empresarial en asuntos de derechos humanos y puesta en marcha de procesos multiactor sobre debida diligencia empresarial en derechos humanos. Al respecto, la FIP ejerce desde 2006 la Secretaría Técnica de la iniciativa multiactor “Guías Colombia en Empresas, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”, que a la fecha cuenta con 26 miembros entre entidades estatales, sociedad civil, organismos internacionales y empresas.

CentraRSE
El Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CentraRSE), es la organización promotora de responsabilidad social en Guatemala con 16 años de experiencia, no lucrativa, privada, autónoma, de carácter asociativa, apolítica, extra-gremial y es liderada por empresarios. Está conformado por más de 100 empresas que representan el 40% del PIB de Guatemala. Desde su plan estratégico, CentraRSE fomenta la adopción de los Principios Rectores Sobre Empresas y Derechos Humanos, por medio de la construcción de políticas, mecanismos de debida diligencia, sistematización de buenas prácticas y capacitación en empresas.

Socios Perú - Centro de Colaboración Cívica
Es una organización no gubernamental que promueve una cultura de diálogo y concertación para la gestión del cambio y la prevención del conflicto en la sociedad peruana. Al respecto, ha activado y coordinado espacios multiactor para la generación de consensos entre actores diversos como el Grupo de Trabajo de Principios Voluntarios (GT-PV) que agrupa a 42 instituciones (entidades estatales, empresas, ONG y embajadas) desde hace 8 años. Desde agosto de 2017 promueve la creación de un Grupo Regional de Principios Voluntarios en Cusco, constituido por empresas, ONG y funcionarios públicos. Actualmente participa activamente en el diseño y puesta en práctica del Plan Nacional de Acción en Principios Rectores del país.

Sesión organizada por la Oficina de la Alt Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)

Breve descripción
Las mujeres (incluidas las niñas) sufren abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas de manera singular y a menudo se ven afectadas de manera desproporcionada. Las mujeres también se enfrentan a múltiples formas de discriminación y experimentan barreras adicionales a la hora de buscar acceso a reparaciones efectivas para los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas. Por lo tanto, a fin de cumplir eficazmente con sus respectivos deberes y responsabilidades en materia de derechos humanos en virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores) , los Estados y las empresas deben prestar especial atención a las experiencias singulares de las mujeres y a la discriminación estructural o a las barreras a las que se enfrentan.

Los Principios Rectores reconocen la importancia del género en varios lugares. El comentario al Principio 3 establece que los Estados deben proporcionar una orientación adecuada a las empresas sobre "cómo tratar eficazmente las cuestiones de género, vulnerabilidad y/o marginación", mientras que el Principio 7 subraya que los Estados deben proporcionar asistencia adecuada a las empresas que operan en áreas afectadas por conflictos "pevaluar y tratar los principales riesgos de abusos, prestando especial atención tanto a la violencia de género como a la violencia sexual". El comentario al Principio 12 de los Principios Rectores dice lo siguiente: "Por ejemplo, las empresas deben respetar los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones específicos y deberán prestarles una atención especial cuando vulneren los derechos humanos de esas personas. Los instrumentos de las Naciones Unidas han detallado a tal efecto los derechos de [...] las mujeres...". Además, en el comentario al Principio 20 se subraya que las empresas “deberían poner especial empeño en el seguimiento de la eficacia de sus respuestas a los impactos sobre las personas pertenecientes a grupos o poblaciones expuestos a mayores riesgos de vulnerabilidad o marginación", subrayando la importancia de utilizar "datos desglosados por sexos, cuando proceda".

A pesar de estas referencias al género en los Principios Rectores, no se ha prestado hasta ahora la atención adecuada a los impactos diferenciados de los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas sobre las mujeres y las barreras adicionales que enfrentan en el acceso a recursos efectivos para reparar tales abusos en la región.

Objetivos de la sesión:

1. Sensibilizar a todas las partes interesadas sobre los principales retos a los que se enfrentan las mujeres en contextos relacionados con empresas en la región, incluidos el acoso sexual y la violencia sexual; la exclusión económica;  el acceso a reparaciones y la defensa de los derechos, así como el desarrollo de une debida  diligencia en materia de derechos humanos que tenga en cuenta las cuestiones de género.
2. Dar a conocer los impactos diferenciados de mujeres perteneciendo a ciertos grupos poblacionales; como las mujeres indígenas, las defensoras de derechos humanos.
3. Identificar buenas prácticas para abordar estos desafíos en la región

Esta sesión destacara varias de las conclusiones y pasos a seguir discutidos/acordados durante las 22 sesiones de trabajo de la consulta regional. Asimismo, desde sus áreas de trabajo, y en el marco del Proyecto sobre conducta empresarial responsable en America Latina y el Caribe, cada organización planteará sus prioridades y líneas de trabajo en base a los que se discutió durante esos espacios y se escuchará de forma interactiva las perspectivas,  opiniones y recomendaciones de las partes interesadas en este contexto.